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AVISO PUBLICADO EL 14 DE AGOSTO 2011 (14/08/2011)

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
CONSTITUCIÓN 1967 CON LAS MODIFICACIONES PLEBISCITADAS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1989, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1994, EL 8 DE DICIEMBRE DE 1996 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2004.

Artículo 8º.- Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.

En un atiborrado mercado repleto de actores y empresas inmobiliarias; sería conveniente realizar algún tipo de ajuste o de regulación que ayude o colabore a separar la paja del trigo. No son pocas las situaciones donde se escucha que las inmobiliarias hacen mal su trabajo y que colaboran en la distorsión del mercado. Se deduce aquí que existe una visión conformista al respecto, siempre se ha descansado en esa definición imprecisa, impropia y desajustada para referirnos a todas aquellas que están en el mercado, incluidas las que apuestan a la calidad, ya desde hace mucho tiempo.
Para muestra basta sólo un botón. Conocer la operativa inmobiliaria no alcanza y menos aún se logra con inscribirse en DGI y BPS (aunque para el Estado esto es suficiente) se necesita preparación, conocimiento y aptitudes. El Estado no hace diferencia alguna al respecto poniendo a todos en la misma bolsa; conjugándola en lo que llamaríamos la “Operativa Inmobiliaria” la cual no tiene una definición precisa y menos aún ajustada a la realidad.
Entonces por un lado tenemos que se habla de Operativa pero no se la diferencia y menos aún se la distingue en los hechos.
Como siempre sucede encontramos que existen hijos y entenados. Por ejemplo, abrir una inmobiliaria en la Capital, representa simplemente un trámite administrativo. - Inscripción en BPS y DGI - Si luego de varios años en el mercado, pretendemos abrir una sucursal en las llamadas "zonas turísticas", además de ofrecerle al usuario de nuestros servicios la trayectoria, idoneidad y capacidad; debemos conformar una garantía como forma de proteger la imagen del Estado que en su afán de hacer que el turista vuelva, lo protege; impidiendo que pueda ser engañado por las inmobiliarias golondrinas (obviamente que de aquellos que vienen a hacer la temporada, porque no nos imaginamos a ningún colega que luego de años en el mercado, se les ocurra mancillar su buen nombre por un verano "jugoso"); y esto no sucede recíprocamente puesto que si se pretende abrir una sucursal en Montevideo luego de abrir una casa matriz en esas "zonas", no es necesario ofrecer ningún tipo de garantía y es obvio, que se resume claramente que una actividad como ésta no debe ofrecer garantías solamente al turista, sino al destinatario de nuestros servicios, o sea cualquier ciudadano de la República Oriental del Uruguay.
Para ello analicemos solamente como el Estado trata de forma dispar a los diferentes actores del mercado inmobiliario. Dentro de la página web de Uruguay XXI se intentan mostrar los principales desarrollos inmobiliarios. Y en ese amplio marco contextual varias instituciones vienen trabajando en forma conjunta, buscando potenciar sus capacidades y contactos para beneficio del país. Recientemente se firmó un convenio entre APPCU, URUGUAY XXI y el DEPARTAMENTO 20 de la Cancillería, en la búsqueda de canalizar debidamente las inversiones de compatriotas en el exterior dirigidas a la compra de inmuebles. La pregunta que surge: ¿Sólo existen oportunidades de inversión en apartamentos nuevos? ¿Las empresas que muestran sus emprendimientos son todas uruguayas? ¿Podría ser concebida como rentable la exposición dentro de la página web de Uruguay XXI con links a emprendimientos privados? ¿Qué garantías ofrecen los mismos de que los mismos sean construidos? ¿No estaríamos dirigiendo la atención solamente a ciertos emprendedores y no a todos? Y valga afirmar que la cuestión versa en cómo podemos cambiar el público que llega a este país para que sea absolutamente rentable. Continuamente estamos hablando sólo de más turistas y más turistas. Es imprescindible elaborar un estudio profundo donde nos encontraremos que varios millones de esos turistas nos cuestan dinero y mucho más si es que nos preocupamos solamente por ellos y no por los tan "olvidados" Orientales. En fin, situaciones tales que demuestran la falta de concepción formal e ideal de la realidad del mercado inmobiliario, y por lo tanto de la tan mentada "operativa".
Por otro lado vemos que la DGI y la Secretaría Nacional Antilavado afirman que como consecuencia de su institucionalización, “estamos parados con todos nuestros actores: jueces, fiscales, la administración tributaria, la Secretaría, los sujetos obligados, todos juntos tratando de ver cuál es el deber ser en materia de la lucha contra el lavados de activos en los próximos cuatro años. Ya va dicho el concepto que tenemos de que el lavado de activos tiene que ver con todo el elenco de delitos precedentes y no con algunos puntuales”.
Curiosamente desde hace mucho tiempo hemos insistido en numerosos y diferentes foros de convencer al legislador de la necesidad de tener una ley que regule la operativa y al operador inmobiliario, de una forma clara y precisa; ajustada a la realidad y donde se distinga claramente los propósitos y finalidades del alcance de cada actividad. Pero no una cualquiera que meramente imponga obligaciones al formal y deje sin castigo ni persiga al informal, sino algo que sea definitivo, puesto que los tiempos legislativos son significativamente lentos, así que no nos conformaremos con una que sirva para remediar una situación puntual, sino una que trascienda en el tiempo, teniendo como lineamientos generales el brindar protección suficiente al usuario de éstos servicios, transformar esta actividad en una profesión y distinguir claramente los alcances de esta operativa sobre el propósito de la construcción de inmuebles, que nada tiene que ver con la comercialización de los mismos.
Para concluir comentaremos que en una reunión donde fuimos convocados por la Secretaría Antilavado conjuntamente con el FMI se dejó en claro ausencias notorias y se mencionó que existiría una distinción precisa entre la operativa inmobiliaria y la construcción; pero si no tenemos ley que ampare al profesional muy difícil será enmarcarla en un contexto preciso.

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